Desde el 1 de enero de 2023, la ley ya se aplicaba a empresas con al menos 3000 empleados. Desde el 1 de enero de 2024, la ley se aplica también a empresas con al menos 1000 empleados.
La ley regula la responsabilidad de las empresas en velar por el respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro. Con ello se cubren también los requisitos de la próxima Directiva europea sobre cadenas de suministro. En concreto, se establece la obligación de las empresas de cumplir determinadas obligaciones de diligencia debida en materia de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. En función de lo anterior, las obligaciones de la empresa se clasifican como sigue:
- Ámbito de operaciones propio, socio comercial directo, proveedor indirecto
- La ley contempla diversos ámbitos de los convenios de derechos humanos y tiene por objeto evitar la violación de estos convenios.
- Aborda además obligaciones medioambientales que las empresas deben cumplir.